¡FELIZ AÑO 2012!
¡HACIA LA TERCERA REPÚBLICA!
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Las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de Pero aquellas movilizaciones, que fueron determinantes para terminar con aquel régimen, no fueron suficientes para que, a nivel político, hubiera una ruptura con el estado anterior, y ello a pesar de los cambios importantes que tuvieron lugar en aquel proceso, entre los cuales el más importante fue el reconocimiento de que la soberanía tenía que derivar de la voluntad popular. Por lo demás hubo una continuidad, fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras, lideradas por el monarca, tuvieron sobre aquel proceso de Transición y sobre el Estado. Una consecuencia de ello fue El PSOE, más tarde, aceptó esta ley que facilitaba el bipartidismo y se benefició de ello, aun cuando, al debilitar a los partidos a su izquierda debilitó a todas las izquierdas dificultando la aplicación de su programa. Aun cuando los partidos de izquierda han sumado más votos que los partidos de derechas en la mayoría de elecciones durante la democracia (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), las políticas públicas del Estado no han reflejado tales mayorías electorales, pues no se han traducido en mayorías parlamentarias. Las consecuencias de este hecho son muchas. Una es la política fiscal regresiva del Estado español, uno de los estados de Las enormes limitaciones de la democracia en España (tanto a nivel central como autonómico) aparecen también en las escasísimas oportunidades de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país. Los padres de La democracia en España se limita a votar cada tantos años, delegando el poder en un estamento político que ha desarrollado un corporativismo profesional que se resiste a la democracia directa. Cuando a Artur Mas, presidente de Pero en donde las limitaciones de la democracia aparecen con mayor claridad es en los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados). Su carencia de diversidad ideológica, con clara discriminación a las voces críticas de izquierdas, dificulta la expresión democrática. Un claro ejemplo de ello ha sido el debate mediático sobre la respuesta a la crisis, que se ha centrado en cómo realizar los recortes de gasto público social aceptando que no hay alternativa posible a tales recortes, y ello a pesar de la evidencia existente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidad de tales medidas. Propuestas alternativas que incluían desde la reversión de la bajada de impuestos (mayor causa del déficit estructural del Estado), hasta el establecimiento de bancas públicas que garanticen el crédito, apenas se les permitió concurrir en tales debates, y ello a pesar de que la mayoría de la ciudadanía apoyaría tales medidas (propuestas también por los indignados). De todo lo dicho se deriva la necesidad de hacer una segunda Transición que corrija los defectos y limitaciones de la primera Transición. Es significativo que la marcha de los indignados de Barcelona del 19-J, una de las más grandes en la historia de esta ciudad, terminara con una de las canciones de la resistencia contra la dictadura, L'estaca, estableciendo una continuidad entre los que luchamos entonces para establecer una democracia y los que luchan ahora para mejorarla sustancialmente, porque la que tenemos está lejos de lo que la población desea y se merece. |
Manifiesto ante la visita del Papa a la "Jornada Mundial de A pocos meses de las visitas a Santiago y Barcelona, el Sr. Ratzinger -Benedicto XVI para los católicos-, porfiando en su idea de "reconquistar" un país que ve alejarse de sus propuestas morales y religiosas, vuelve ahora a Madrid. Desde el punto de vista del laicismo y de la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores. Es evidente que, a pesar de la ambigüedad calculada de la convocatoria, la "Jornada mundial de la juventud" del próximo mes de agosto en Madrid pretende congregar a miles de jóvenes católicos en torno a las enseñanzas del papa. Un acto que, cualquiera que sea su dimensión, no deja de tener carácter privado, como privadas son las creencias y sus manifestaciones. Lo que sí es contrario a un Estado democrático que se declara aconfesional es mezclar los asuntos del estado y asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas convicciones religiosas. Por eso, resulta escandaloso que el Gobierno contribuya con 25 millones de euros -es decir, con dinero de los impuestos de todos- a la visita del papa y a la celebración de un acto confesional, a la vez que concede exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones. A ello hay que añadir otros muchos más que están dispuestos a aportar tanto Gobierno central como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sufragando otros gastos con la cesión gratuita de numerosos servicios públicos (personal funcionario, visados, transportes, fuerzas de seguridad, utilización de espacios públicos como polideportivos, colegios e institutos, etc.). Esa desviación de recursos públicos para fines privados tiene especial gravedad en un momento en que tanta generosidad para con la jerarquía católica (que ya recibe por distintas vías en torno a los 10.000 millones de euros anuales) entra en contradicción con las duras restricciones en el gasto público y prestaciones sociales que todos estamos sufriendo bajo pretexto de la crisis económica. Del mismo modo, es inaceptable que en ese acontecimiento de carácter privado se impliquen y participen autoridades y cargos oficiales, que estarían en su derecho de hacerlo a título personal, pero nunca en representación de las funciones públicas que desempeñan en nombre del conjunto de los ciudadanos. En este caso no vale el subterfugio de que son gastos y honores debidos a un jefe de Estado. El papa Benedicto XVI no viene en representación de los escasos habitantes del Vaticano que, por otra parte, nada tiene que ver ni por su origen ni por su configuración con un verdadero Estado democrático y de derecho. Si viene a reunirse con sus adeptos en función del liderazgo espiritual que ellos en exclusiva le reconocen, en modo alguno procede el trato oficial y de privilegio dispensado por las Administraciones Públicas. Un trato que, evidentemente, no conceden a convocatorias promovidas por ciudadanos de otras creencias o convicciones ideológicas. Tampoco se le permitiría a ningún jefe de Estado la injerencia, incesantemente repetida por el Papa y la jerarquía católica, en asuntos políticos internos como son las propias leyes que un país se da de forma democrática (educación pública, laica, derecho a la propia sexualidad y control de la reproducción, modelos de matrimonio y familia, derecho a una muerte digna, etc.). Pues no se limitan a dar consejos morales a sus fieles, cosa legítima, sino que pretenden convertir sus particulares visiones de la moral y de la sociedad en normas obligatorias para todos. Por eso, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional. Llamamos a todos los ciudadanos que, con independencia de sus convicciones personales, reivindican un marco de convivencia en igualdad de derechos, a organizar actos en defensa de la democracia y laicidad del Estado y dirigirse a las distintas Administraciones Públicas para exigirles que obren en consecuencia y dejen de otorgar privilegios propios de épocas pasadas y herencias antidemocráticas. *NO A *SEPARACIÓN DEL PODER CIVIL Y DEL RELIGIOSO. *DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, FRENTE A LA INJERENCIA CONFESIONAL. |