La necesaria segunda Transición,

La Transición de la dictadura a la democracia en España distó mucho de ser modélica. Puede que no hubiera alternativa a la manera como se hizo. Pero llamarla modélica me parece un error, pues el resultado de aquella Transición fue una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de la Comunidad Europea. Pero aquellas movilizaciones, que fueron determinantes para terminar con aquel régimen, no fueron suficientes para que, a nivel político, hubiera una ruptura con el estado anterior, y ello a pesar de los cambios importantes que tuvieron lugar en aquel proceso, entre los cuales el más importante fue el reconocimiento de que la soberanía tenía que derivar de la voluntad popular. Por lo demás hubo una continuidad, fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras, lideradas por el monarca, tuvieron sobre aquel proceso de Transición y sobre el Estado. Una consecuencia de ello fue la Ley Electoral, que –como reconoció el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y posteriormente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, colaborador del expresidente Suárez– discriminó deliberadamente a las izquierdas en general y al Partido Comunista (que había liderado la resistencia frente a la dictadura) en particular y a los partidos republicanos y de izquierda. El PSOE, más tarde, aceptó esta ley que facilitaba el bipartidismo y se benefició de ello, aun cuando, al debilitar a los partidos a su izquierda debilitó a todas las izquierdas dificultando la aplicación de su programa. Aun cuando los partidos de izquierda han sumado más votos que los partidos de derechas en la mayoría de elecciones durante la democracia (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), las políticas públicas del Estado no han reflejado tales mayorías electorales, pues no se han traducido en mayorías parlamentarias. Las consecuencias de este hecho son muchas. Una es la política fiscal regresiva del Estado español, uno de los estados de la UE-15 (el grupo de la UE con semejante nivel de desarrollo económico al nuestro) que ingresa menos recursos (una cantidad equivalente al 34% del PIB, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15, un 44%), con el agravante de que su dependencia en las rentas del trabajo es la más alta de la UE-15. Como consecuencia de ello, España tiene uno de los estados del bienestar menos financiados de la UE-15. Treinta y tres años después de haber terminado la dictadura, España continúa a la cola de la UE-15 en gasto público social por habitante. Las enormes limitaciones de la democracia en España (tanto a nivel central como autonómico) aparecen también en las escasísimas oportunidades de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país. Los padres de la Constitución parecían tener miedo a la población, lo cual aparecía no sólo en el sesgo del sistema electoral, sino también en la exclusión de formas de participación directa de la población, tales como los referendos, tanto a nivel autonómico, como municipal (y también a nivel central, pues no es posible hacer referendos en respuesta a peticiones de la ciudadanía). La democracia en España se limita a votar cada tantos años, delegando el poder en un estamento político que ha desarrollado un corporativismo profesional que se resiste a la democracia directa. Cuando a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, los indignados le preguntaron cómo podían manifestar su protesta a las políticas de recortes de gasto público social que su Gobierno estaba realizando en contra de lo que había prometido y (en contra, también, de los deseos de la mayoría de la población en Catalunya), su respuesta fue que lo expresaran en las urnas dentro de cuatro años. Sería más democrático que, tras la recogida de firmas, pudiera convocarse un referéndum en que la ciudadanía pudiera o bien refrendar o parar tales recortes, propuesta que están haciendo los indignados. Pero en donde las limitaciones de la democracia aparecen con mayor claridad es en los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados). Su carencia de diversidad ideológica, con clara discriminación a las voces críticas de izquierdas, dificulta la expresión democrática. Un claro ejemplo de ello ha sido el debate mediático sobre la respuesta a la crisis, que se ha centrado en cómo realizar los recortes de gasto público social aceptando que no hay alternativa posible a tales recortes, y ello a pesar de la evidencia existente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidad de tales medidas. Propuestas alternativas que incluían desde la reversión de la bajada de impuestos (mayor causa del déficit estructural del Estado), hasta el establecimiento de bancas públicas que garanticen el crédito, apenas se les permitió concurrir en tales debates, y ello a pesar de que la mayoría de la ciudadanía apoyaría tales medidas (propuestas también por los indignados). De todo lo dicho se deriva la necesidad de hacer una segunda Transición que corrija los defectos y limitaciones de la primera Transición. Es significativo que la marcha de los indignados de Barcelona del 19-J, una de las más grandes en la historia de esta ciudad, terminara con una de las canciones de la resistencia contra la dictadura, L'estaca, estableciendo una continuidad entre los que luchamos entonces para establecer una democracia y los que luchan ahora para mejorarla sustancialmente, porque la que tenemos está lejos de lo que la población desea y se merece.

¿Quién teme a la memoria histórica?

Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, Francia y Bélgica han reconocido a los republicanos represaliados en su lucha contra la dictadura impuesta mediante un golpe de Estado e incluso Alemania en los nuevos tiempos, rinde reconocimiento a los cientos de republicanos españoles que perecieron en los campos de exterminio Nazi.

España sigue siendo el único país en el mundo en el cual todavía no ha existido por parte del gobierno un reconocimiento jurídico y contundente sobre la ilegitimidad del franquismo así como la reparación de sus victimas. 

¿Quién teme a la Memoria Histórica?, solamente aquel que no quiere conocer la verdad o que le interesa ocultarla. Las voces que oímos constantemente tanto por parte de políticos de la derecha o por los conocidos líderes de opinión cercanos a ella, tratan de atemorizarnos con las mismas frases: “No se deben abrir las heridas”; “Debemos pasar página en aras de la reconciliación de todos”; nos alertan del peligro sobre la disgregación de la indivisible patria. Ellos los herederos del fascismo vencedor por la imposición de las armas y que muchos de ellos conocen y algunos lo vivieron cuando en el ejercicio del poder se cargaron a todo aquel que se pusiera en su camino o simplemente para dejar constancia de su imposición. Sin embargo durante la instauración de la democracia y de nuevo en aras de la convivencia exigieron ante todo respeto y tolerancia, así como enterrar el pasado en el más ignominioso olvido.

Son los mismos que se autonombran “demócratas de toda la vida” los que pretenden darnos clases de moral y de ética, los susceptibles a todo aquello que rompa el castillo de naipes en que sus antepasados escribieron su historia. Son los mismos que defienden levantando el pecho a las victimas de ETA, la unidad de España y el botín de guerra en los papeles de Salamanca.

Pero desairan a su vez a los cientos de miles de victimas que sus antepasados provocaron, desconocen y obstaculizan con todo lo que tienen a su alcance, el derecho de una gran parte de la sociedad que desea elegir por medios democráticos su propio camino, y no les interesa abrir nuevas expectativas ni reparar ningún daño, quieren que las cosas sigan donde están, el inmovilismo puro y duro que es donde se encuentran mas cómodos.

Que más distorsión de la realidad se puede pedir cuando nos hablan de una guerra fraticida, al que fue un conflicto provocado por los sublevados en el Golpe de Estado en el año 36, y donde se confunden a los luchadores y guerrilleros antifascistas que continuaron luchando varios años después del conflicto (los Maquis) como simples atracadores y salteadores de caminos.

Presidente Zapatero que su abuelo, un capitán leal a la Republica, había sido fusilado en León, y que los valores del régimen republicano fueron el antecedente democrático de nuestra nueva Constitución, no fueron precisamente bien aceptados principalmente por el PP, quienes quieren que la historia corra una púdica cortina del 36 al 75, y solamente se reivindique desde 1978 hacia delante que fue cuando por osmosis los españoles encontraron la fuerza de la democracia y la hicieron suya, lo demás, “pelillos a la mar” para que seguir insistiendo en algo que podría abrir la caja de los truenos en donde –acusan- todos podremos salir perjudicados.

Desgraciadamente tampoco todos los socialistas están a favor de este Proyecto de Ley, muchos de ellos empapados y emanados de la última etapa del franquismo, temen herir sensibilidades que afecten su posición, puestos que ellos prefieren el trato “políticamente correcto” de quedar bien con todos, hacer solo un pequeño maquillaje que cubra las formas.

Es por eso que la Vicepresidenta Primera del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega, en su ronda de conversaciones con las principales organizaciones de la Memoria Histórica incluyo también a la Falange Española, cuando esa organización durante la Guerra Civil y después en la dictadura fungió como la mayor fuerza represora de España, pudiéndose comparar con las labores que hacia la SS y la GESTAPO en la Alemania Nazi, que fue la que sembró de asesinatos y violaciones de todo tipo en todo el territorio nacional. Para decirles que todas las victimas de la Guerra Civil serian tratadas en ambos bandos por igual.

Son decenas de fosas comunes, senderos y cunetas, que valientes personas, familiares y organizaciones, sin ninguna clase de ayuda gubernamental, han encontrado, apoyados por desinteresados antropólogos, historiadores, médicos y abogados que han puesto su trabajo con el fin de conocer su identidad y devolver los restos a los lugares donde dignamente deben estar, en su real entorno y bajo el resguardo de los suyos.

Mientras todas estas organizaciones, familiares y personas afines trabajan sin ninguna ayuda financiera mas que la de su propio peculio, encontrándose además con la obstaculización que diferentes estrados del gobierno les provocan. En un artículo publicado por El País el 7 de mayo, resalta el siguiente titular: Dudas ante la Ley de la Memoria. “El Gobierno tiene que optar entre declarar nulos los actos de Franco o limitarse a un reconocimiento moral de los republicanos”.

Y volvemos a lo políticamente correcto. “Se investigaran también las represalias en el lado republicano en la Guerra Civil”, cuando eso esta perfectamente documentado y nadie lo niega, pero además todo quedo juzgado y resarcido por el franquismo durante los cuarenta años que estuvieron en el poder, mientras que lo que paso en el otro bando, no, y es de sentido común, -que parece que algunos no tienen- que la democracia en la que tanto se abanderan, debe hacer.