La necesaria segunda Transición,

La Transición de la dictadura a la democracia en España distó mucho de ser modélica. Puede que no hubiera alternativa a la manera como se hizo. Pero llamarla modélica me parece un error, pues el resultado de aquella Transición fue una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de la Comunidad Europea. Pero aquellas movilizaciones, que fueron determinantes para terminar con aquel régimen, no fueron suficientes para que, a nivel político, hubiera una ruptura con el estado anterior, y ello a pesar de los cambios importantes que tuvieron lugar en aquel proceso, entre los cuales el más importante fue el reconocimiento de que la soberanía tenía que derivar de la voluntad popular. Por lo demás hubo una continuidad, fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras, lideradas por el monarca, tuvieron sobre aquel proceso de Transición y sobre el Estado. Una consecuencia de ello fue la Ley Electoral, que –como reconoció el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y posteriormente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, colaborador del expresidente Suárez– discriminó deliberadamente a las izquierdas en general y al Partido Comunista (que había liderado la resistencia frente a la dictadura) en particular y a los partidos republicanos y de izquierda. El PSOE, más tarde, aceptó esta ley que facilitaba el bipartidismo y se benefició de ello, aun cuando, al debilitar a los partidos a su izquierda debilitó a todas las izquierdas dificultando la aplicación de su programa. Aun cuando los partidos de izquierda han sumado más votos que los partidos de derechas en la mayoría de elecciones durante la democracia (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), las políticas públicas del Estado no han reflejado tales mayorías electorales, pues no se han traducido en mayorías parlamentarias. Las consecuencias de este hecho son muchas. Una es la política fiscal regresiva del Estado español, uno de los estados de la UE-15 (el grupo de la UE con semejante nivel de desarrollo económico al nuestro) que ingresa menos recursos (una cantidad equivalente al 34% del PIB, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15, un 44%), con el agravante de que su dependencia en las rentas del trabajo es la más alta de la UE-15. Como consecuencia de ello, España tiene uno de los estados del bienestar menos financiados de la UE-15. Treinta y tres años después de haber terminado la dictadura, España continúa a la cola de la UE-15 en gasto público social por habitante. Las enormes limitaciones de la democracia en España (tanto a nivel central como autonómico) aparecen también en las escasísimas oportunidades de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país. Los padres de la Constitución parecían tener miedo a la población, lo cual aparecía no sólo en el sesgo del sistema electoral, sino también en la exclusión de formas de participación directa de la población, tales como los referendos, tanto a nivel autonómico, como municipal (y también a nivel central, pues no es posible hacer referendos en respuesta a peticiones de la ciudadanía). La democracia en España se limita a votar cada tantos años, delegando el poder en un estamento político que ha desarrollado un corporativismo profesional que se resiste a la democracia directa. Cuando a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, los indignados le preguntaron cómo podían manifestar su protesta a las políticas de recortes de gasto público social que su Gobierno estaba realizando en contra de lo que había prometido y (en contra, también, de los deseos de la mayoría de la población en Catalunya), su respuesta fue que lo expresaran en las urnas dentro de cuatro años. Sería más democrático que, tras la recogida de firmas, pudiera convocarse un referéndum en que la ciudadanía pudiera o bien refrendar o parar tales recortes, propuesta que están haciendo los indignados. Pero en donde las limitaciones de la democracia aparecen con mayor claridad es en los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados). Su carencia de diversidad ideológica, con clara discriminación a las voces críticas de izquierdas, dificulta la expresión democrática. Un claro ejemplo de ello ha sido el debate mediático sobre la respuesta a la crisis, que se ha centrado en cómo realizar los recortes de gasto público social aceptando que no hay alternativa posible a tales recortes, y ello a pesar de la evidencia existente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidad de tales medidas. Propuestas alternativas que incluían desde la reversión de la bajada de impuestos (mayor causa del déficit estructural del Estado), hasta el establecimiento de bancas públicas que garanticen el crédito, apenas se les permitió concurrir en tales debates, y ello a pesar de que la mayoría de la ciudadanía apoyaría tales medidas (propuestas también por los indignados). De todo lo dicho se deriva la necesidad de hacer una segunda Transición que corrija los defectos y limitaciones de la primera Transición. Es significativo que la marcha de los indignados de Barcelona del 19-J, una de las más grandes en la historia de esta ciudad, terminara con una de las canciones de la resistencia contra la dictadura, L'estaca, estableciendo una continuidad entre los que luchamos entonces para establecer una democracia y los que luchan ahora para mejorarla sustancialmente, porque la que tenemos está lejos de lo que la población desea y se merece.

¿Quién teme a la memoria histórica?

Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, Francia y Bélgica han reconocido a los republicanos represaliados en su lucha contra la dictadura impuesta mediante un golpe de Estado e incluso Alemania en los nuevos tiempos, rinde reconocimiento a los cientos de republicanos españoles que perecieron en los campos de exterminio Nazi.

España sigue siendo el único país en el mundo en el cual todavía no ha existido por parte del gobierno un reconocimiento jurídico y contundente sobre la ilegitimidad del franquismo así como la reparación de sus victimas. 

¿Quién teme a la Memoria Histórica?, solamente aquel que no quiere conocer la verdad o que le interesa ocultarla. Las voces que oímos constantemente tanto por parte de políticos de la derecha o por los conocidos líderes de opinión cercanos a ella, tratan de atemorizarnos con las mismas frases: “No se deben abrir las heridas”; “Debemos pasar página en aras de la reconciliación de todos”; nos alertan del peligro sobre la disgregación de la indivisible patria. Ellos los herederos del fascismo vencedor por la imposición de las armas y que muchos de ellos conocen y algunos lo vivieron cuando en el ejercicio del poder se cargaron a todo aquel que se pusiera en su camino o simplemente para dejar constancia de su imposición. Sin embargo durante la instauración de la democracia y de nuevo en aras de la convivencia exigieron ante todo respeto y tolerancia, así como enterrar el pasado en el más ignominioso olvido.

Son los mismos que se autonombran “demócratas de toda la vida” los que pretenden darnos clases de moral y de ética, los susceptibles a todo aquello que rompa el castillo de naipes en que sus antepasados escribieron su historia. Son los mismos que defienden levantando el pecho a las victimas de ETA, la unidad de España y el botín de guerra en los papeles de Salamanca.

Pero desairan a su vez a los cientos de miles de victimas que sus antepasados provocaron, desconocen y obstaculizan con todo lo que tienen a su alcance, el derecho de una gran parte de la sociedad que desea elegir por medios democráticos su propio camino, y no les interesa abrir nuevas expectativas ni reparar ningún daño, quieren que las cosas sigan donde están, el inmovilismo puro y duro que es donde se encuentran mas cómodos.

Que más distorsión de la realidad se puede pedir cuando nos hablan de una guerra fraticida, al que fue un conflicto provocado por los sublevados en el Golpe de Estado en el año 36, y donde se confunden a los luchadores y guerrilleros antifascistas que continuaron luchando varios años después del conflicto (los Maquis) como simples atracadores y salteadores de caminos.

Presidente Zapatero que su abuelo, un capitán leal a la Republica, había sido fusilado en León, y que los valores del régimen republicano fueron el antecedente democrático de nuestra nueva Constitución, no fueron precisamente bien aceptados principalmente por el PP, quienes quieren que la historia corra una púdica cortina del 36 al 75, y solamente se reivindique desde 1978 hacia delante que fue cuando por osmosis los españoles encontraron la fuerza de la democracia y la hicieron suya, lo demás, “pelillos a la mar” para que seguir insistiendo en algo que podría abrir la caja de los truenos en donde –acusan- todos podremos salir perjudicados.

Desgraciadamente tampoco todos los socialistas están a favor de este Proyecto de Ley, muchos de ellos empapados y emanados de la última etapa del franquismo, temen herir sensibilidades que afecten su posición, puestos que ellos prefieren el trato “políticamente correcto” de quedar bien con todos, hacer solo un pequeño maquillaje que cubra las formas.

Es por eso que la Vicepresidenta Primera del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega, en su ronda de conversaciones con las principales organizaciones de la Memoria Histórica incluyo también a la Falange Española, cuando esa organización durante la Guerra Civil y después en la dictadura fungió como la mayor fuerza represora de España, pudiéndose comparar con las labores que hacia la SS y la GESTAPO en la Alemania Nazi, que fue la que sembró de asesinatos y violaciones de todo tipo en todo el territorio nacional. Para decirles que todas las victimas de la Guerra Civil serian tratadas en ambos bandos por igual.

Son decenas de fosas comunes, senderos y cunetas, que valientes personas, familiares y organizaciones, sin ninguna clase de ayuda gubernamental, han encontrado, apoyados por desinteresados antropólogos, historiadores, médicos y abogados que han puesto su trabajo con el fin de conocer su identidad y devolver los restos a los lugares donde dignamente deben estar, en su real entorno y bajo el resguardo de los suyos.

Mientras todas estas organizaciones, familiares y personas afines trabajan sin ninguna ayuda financiera mas que la de su propio peculio, encontrándose además con la obstaculización que diferentes estrados del gobierno les provocan. En un artículo publicado por El País el 7 de mayo, resalta el siguiente titular: Dudas ante la Ley de la Memoria. “El Gobierno tiene que optar entre declarar nulos los actos de Franco o limitarse a un reconocimiento moral de los republicanos”.

Y volvemos a lo políticamente correcto. “Se investigaran también las represalias en el lado republicano en la Guerra Civil”, cuando eso esta perfectamente documentado y nadie lo niega, pero además todo quedo juzgado y resarcido por el franquismo durante los cuarenta años que estuvieron en el poder, mientras que lo que paso en el otro bando, no, y es de sentido común, -que parece que algunos no tienen- que la democracia en la que tanto se abanderan, debe hacer.

Juan Carlos Borbón acumula una fortuna de 1.790 millones de euros

La familia del Rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo.

Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. Pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la Jefatura del Estado.

Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate Fortuna empresarios mallorquines sumaron una colecta, sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el Gobierno regional de Jaume Matas (PP) sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recogen las imágenes de la familia real en Mallorca. La mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas.

“Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente. Incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros, como el cobro ilegal de comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani”, denuncia Iñaki Errazkin, autor de ‘Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones’.

La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones. “Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite… Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores”, explica Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República.

Pero las cuentas no cuadran. Y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Incluso tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era “una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia“.

La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie”, denuncia Romero. La falta de control por parte, incluso, de los propios organismos públicos, fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de Catalunya.

Recientemente, Gaspar Llamazares (IU) tenía que ampliar una pregunta al Gobierno sobre si podía dar “garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales” a todas las instituciones del Estado. No era la primera vez que denuncias similares se hacían públicas.

Patricia Sverlo recogía en ‘Un rey golpe a golpe’ (Ardi Beltza, 2000) que tanto él como su familia tienen ahorrados 6.000 millones de pesetas en bancos suizos, por “si las cosas se tuercen en el Estado”. Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón. Y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento.

A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester por el escándalo del Palma Arena; y Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, era nombrada ‘a dedo’ subdirectora de Proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona (PSC e ICV).

Humildes comienzos: Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII. Pero todo cambió desde que Luis Valls Taberner (Banco Popular) empezara a administrar una “suscripción popular” para aportar liquidez con el apoyo de otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas.

Posteriormente recogería el testigo José María Ruiz Mateos. Un hecho que utilizó para intentar protegerse de la Justicia cuando Rumasa le fue expropiada. Entonces denunció haber entregado mil millones de pesetas al monarca. La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentado. Y de forma ‘discreta’. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, pero la cifra de 1.790 millones “nunca ha sido desmentida por La Zarzuela”, según se recogía en un escrito del coronel Amadeo Martínez Inglés al Parlamento en 2008, quien un año antes había publicado ‘Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras de la monarquía española’.

República: Algunas razones

Despachar la opción republicana por los errores del pasado como hace el señor Torné en el artículo publicado en el Ideal   el pasado 10 de abril no es sino un despropósito. Es atarnos una rueda de molino al cuello para que perezcamos con ella. No es diferente de los republicanos que viven anclados en el pasado. Para éstos, la II República fue una etapa gloriosa que hay que repetir. Para otros como el señor Torné, una etapa infausta que jamás hay que revivir. A ambos los ciega el pasado.

Los hombres de aquellas repúblicas ya no existen. Para lo bueno y para lo malo, no están aquí. Así que se puede construir una República sin el lastre del pretérito, sin los errores ni aciertos de nuestros bisabuelos, sino con nuestros propios aciertos y errores. ¡Porque en la construcción de una República puede haber errores, claro! Lo importante es arbitrar mecanismos de corrección perennes, eficaces y rápidos.

Tales mecanismos han mostrado su incapacidad en la presente Monarquía, una de cuyas mayores rémoras es la falta de división de poderes. Aunque sobre el papel hay un poder ejecutivo, otro legislativo y otro judicial, y se prohíbe el mandato imperativo a los parlamentarios (no pueden obedecer a sus jefes de partido), en la práctica los diputados son meros aplaudidores y acatan dócilmente las decisiones que les transmiten sus superiores. ¡Y ay del que se farríe! Sus días están contados. Con lo que se produce la impostura de que las leyes las elabora el partido en el poder, que dicta además la actitud de los parlamentarios en las votaciones, y que luego ejecuta la propia ley. Algo que no está lejos de la dictadura.

Si el poder ejecutivo y legislativo son el mismo, no ocurre algo distinto con el judicial, cuyos máximo órganos son también una representación de los partidos. No es extraño por ello que prosperen leyes claramente inconstitucionales y atentatorias contra la igualdad de los españoles.

Pero aunque tales desafueros desaparecieran (lo que por otra parte parece dudoso), aún sería necesaria una República. Los símbolos no son gratuitos. Cuando en la cabeza del Estado hay una familia que se sucede por razón de su apellido, toda la sociedad queda impregnada. El apellido vale más que el mérito. La familia a la que perteneces vale más que tu instrucción o tus conocimientos. Debes beneficiar antes a tu familia que al país. Y esto es lo que hemos vivido en las últimas décadas. Hijos y familiares favorecidos por la política. Y para el pueblo llano, el famoseo, donde vales por tu apellido o por con quién te has acostado, pero no por tus capacidades ni tu formación.

Lo monárquico también se refleja en el sistema electoral: no puedo elegir personas concretas, no puedo elegir a aquellos que considero honrados o preparados o buenos gestores, sino un paquete con siglas. Un búnker atado y bien atado. Elijo una marca bajo la que se refugian individuos de toda condición, pero no puedo elegir a estos individuos.

Por eso no puede ser indiferente la forma de gobierno. Que la Monarquía haya traído prosperidad (es la misma prosperidad que ha vivido Occidente) no es una razón de peso. Como no es una razón vivir con nuestro papá porque vivimos muy bien. Mire usted, yo quiero independizarme. Quiero ser yo mismo, aunque viva peor. Quiero ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos, pero yo mismo.

Por lo demás, los errores de hoy pueden ayudarnos a construir la República del mañana. Así, el desastre autonómico debe introducir correcciones en un sistema republicano. Pienso que el centralismo es una conquista del estado moderno y que implica una garantía de igualdad para todos los ciudadanos. Los derechos históricos son algo medieval, y no tienen sentido en un estado del siglo XXI. Defenderlos, apoyarlos, propiciarlos, es algo reaccionario. Hay por otra parte cosas irrenunciables al Estado, como la Educación.

Así que no tengo la rueda de molino del pasado atada al cuello y, por tanto, me libero del tradicional federalismo republicano español. Es posible construir una república sin los fallos ni ataduras del pasado, llámese éste I, II República o Monarquía parlamentaria. Puedo construir una República desde la razón, la lógica y la democracia.

Tal República no está tan lejos como algunos pretenden. Zapatero ha hecho más por esa República que todos los republicanos juntos. No porque sea republicano, sino porque su gobierno, el peor de la España contemporánea, ha sido una suma de todos los vicios, desvaríos y contrasentidos del actual sistema. El desprestigio en que Zapatero lo ha sumido corroe sus más hondos cimientos. Herido de muerte, se tambalea. Puede que, apuntalado aquí y allá, aún tarde en caer. Pero caerá, de eso no cabe duda. Habrá una III República.

fandango republicano

Monarquía o República

Monarquía o república. Es una cuestión que la juventud española, menor de treinta y dos años, acabará planteando al Estado en los próximos años de una manera o de otra. Las instituciones, los observatorios sociológicos y los medios informativos lo saben y lo vienen detectando año tras año. La propia institución monárquica se esfuerza en funcionar de una manera más pragmática y apegada a la realidad con el fin de no perder contacto con la realidad ni traicionar la esencia del modelo de la Monarquía parlamentaria.

De su capacidad para ser más transparente y de entender los cambios de mentalidad de los españoles va a depender el grado de aceptación de la monarquía en los próximos tiempos. El movimiento 15-M, que tantos mensajes, deshilvanados o no, nos está dejando, puede que haya empezado a desprecintar también la caja de celofán en la que metimos a la monarquía y sus miembros desde 1977 con el fin de construir la entonces ansiada democracia.

Hoy, tantos años después, somos más y diferentes. Hubo un inevitable cambio generacional. La manera de relacionarnos individualmente con el Estado ha cambiado. Las instituciones surgidas dentro del marco constitucional de 1978 no pueden dejar de adaptarse de manera ordenada y real al paso del tiempo y responder al sentir de las gentes.

Se vienen registrando en los últimos tiempos algunos indicios de que la juventud española ha empezado a tutear a la monarquía, como parte de la democracia real en la que quiere participar. Indicios a los que el propio heredero Felipe de Borbón ha demostrado estar muy atento.

El pasado 31 de mayo, durante su visita a Pamplona, donde acababa de entregar los Premios Príncipe de Viana, Felipe de Borbón mantuvo en la calle una inesperada charla con una joven ciudadana que llamó su atención y le espetó «con todos mis respetos, ¿cuándo usted sea rey tendrá la honestidad suficiente para proponer un referéndum sobre monarquía o república por una cuestión democrática?». La situación creada en plena calle, rodeado de escoltas, autoridades y público, le dio al futuro jefe de Estado una pequeña medida de la complejidad de la tarea que tiene encomendada y de la importancia de saber reaccionar con responsabilidad ante cualquier acontecimiento por nimio que sea.

Manifiesto ante la visita del Papa a la "Jornada Mundial de la Juventud Católica". Madrid, Agosto de 2011

Manifiesto ante la visita del Papa a la "Jornada Mundial de la Juventud Católica". Madrid, Agosto de 2011 A pocos meses de las visitas a Santiago y Barcelona, el Sr. Ratzinger -Benedicto XVI para los católicos-, porfiando en su idea de "reconquistar" un país que ve alejarse de sus propuestas morales y religiosas, vuelve ahora a Madrid. Desde el punto de vista del laicismo y de la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores. Es evidente que, a pesar de la ambigüedad calculada de la convocatoria, la "Jornada mundial de la juventud" del próximo mes de agosto en Madrid pretende congregar a miles de jóvenes católicos en torno a las enseñanzas del papa. Un acto que, cualquiera que sea su dimensión, no deja de tener carácter privado, como privadas son las creencias y sus manifestaciones. Lo que sí es contrario a un Estado democrático que se declara aconfesional es mezclar los asuntos del estado y asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas convicciones religiosas.  Por eso, resulta escandaloso que el Gobierno contribuya con 25 millones de euros -es decir, con dinero de los impuestos de todos- a la visita del papa y a la celebración de un acto confesional, a la vez que concede exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones. A ello hay que añadir otros muchos más que están dispuestos a aportar tanto Gobierno central como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sufragando otros gastos con la cesión gratuita de numerosos servicios públicos (personal funcionario, visados, transportes, fuerzas de seguridad, utilización de espacios públicos como polideportivos, colegios e institutos, etc.). Esa desviación de recursos públicos para fines privados tiene especial gravedad en un momento en que tanta generosidad para con la jerarquía católica (que ya recibe por distintas vías en torno a los 10.000 millones de euros anuales) entra en contradicción con las duras restricciones en el gasto público y prestaciones sociales que todos estamos sufriendo bajo pretexto de la crisis económica. Del mismo modo, es inaceptable que en ese acontecimiento de carácter privado se impliquen y participen autoridades y cargos oficiales, que estarían en su derecho de hacerlo a título personal, pero nunca en representación de las funciones públicas que desempeñan en nombre del conjunto de los ciudadanos. En este caso no vale el subterfugio de que son gastos y honores debidos a un jefe de Estado. El papa Benedicto XVI no viene en representación de los escasos habitantes del Vaticano que, por otra parte, nada tiene que ver ni por su origen ni por su configuración con un verdadero Estado democrático y de derecho. Si viene a reunirse con sus adeptos en función del liderazgo espiritual que ellos en exclusiva le reconocen, en modo alguno procede el trato oficial y de privilegio dispensado por las Administraciones Públicas. Un trato que, evidentemente, no conceden a convocatorias promovidas por ciudadanos de otras creencias o convicciones ideológicas. Tampoco se le permitiría a ningún jefe de Estado la injerencia, incesantemente repetida por el Papa y la jerarquía católica, en asuntos políticos internos como son las propias leyes que un país se da de forma democrática (educación pública, laica, derecho a la propia sexualidad y control de la reproducción, modelos de matrimonio y familia, derecho a una muerte digna, etc.). Pues no se limitan a dar consejos morales a sus fieles, cosa legítima, sino que pretenden convertir sus particulares visiones de la moral y de la sociedad en normas obligatorias para todos. Por eso, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional. Llamamos a todos los ciudadanos que, con independencia de sus convicciones personales, reivindican un marco de convivencia en igualdad de derechos, a organizar actos en defensa de la democracia y laicidad del Estado y dirigirse a las distintas Administraciones Públicas para exigirles que obren en consecuencia y dejen de otorgar privilegios propios de épocas pasadas y herencias antidemocráticas. *NO A LA VISITA DEL PAPA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS. *SEPARACIÓN DEL PODER CIVIL Y DEL RELIGIOSO. *DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, FRENTE A LA INJERENCIA CONFESIONAL.

De mis impuestos, al Papa cero

Entidades y asociaciones adheridas

ABLESGAY-Albacete
Acción Educativa (MRPS de Madrid)
ACSUR - Las Segovias - Madrid
Agrupación Ateneísta Juan Negrín de Madrid
Albacete Laico-Europa Laica
Alicante Laico-Europa Laica
Alternativa Laica de Toledo
AMESDE (Asociación para la Memoria Social y Democrática)
Andalucía Laica-Europa Laica
Área de juventud de Izquierda Unida
Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid
Asamblea de mujeres de Bizkaia
Asamblea Feminista de Madrid
Asociación “No nos resignamos”
Asociación Ateos y Republicanos
Asociación Colectivo Infancia
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales
Asociación de Descendientes del Exilio español
Asociación de Transexuales de Andalucía (A.T.A.)
Asociación de Redondela polos Dereitos Humáns
Asociación Diversitat LGTBI, de Alicante
Asociación Laica de Rivas-Vaciamadrid
Asociación Laica y Republicana del Condado de Jaén
AMAL (Asociación Madrileña de ateos y librepensadores)
Asturias Laica-Europa Laica
Ateos de Albacete
Ateos en acción
Ateus de Catalunya
Attac Catalunya- Galicia-Aragón
AVALL (Asociación Valenciana de ateos y librepensadores)
Católicas por el derecho a decidir
CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid)
Círculo Poético Republicano de Burgos
Ciudad de Mujeres
Ciudadanos por la República de Cuenca
COGAM – (Colectivo LGTB de Madrid)
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
Colectivo Harimaguada de Canarias
Colectivo Republicano Antonio Machado de Segovia
Colectivo Republicano de Redondela
Colectivo San Blas
Comité Oscar Romero de Madrid
Confederación Intersindical (STES-i)
Córdoba Laica-Andalucía Laica
Cristianos por el socialismo
Cuenca Laica
Cullera Laica
Democracia, Ciudadanía y República (Asturias)
Ecologistas en Acción - Madrid
En Lucha
Escuela laica de Valladolid
Europa Laica
Extremadura Entiende
Extremadura Laica-Europa Laica
FELGTB (Fed Estatal de lesbianas, gays, trans y bisexuales)
Foro Social de Madrid
Fundación María Deraismes
Girasol (Fed. Coordinadora de Asociaciones LGTB del Sur)
Granada Laica-Andalucía Laica
Grupo de Estudios Comp. Euroafricanos y Eurolatinoamericanos
Grupo Fediversa- Asociación LGBTI Algarabía IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) Iglesia de Base de Madrid
Iniciativa Atea
Izquierda Anticapitalista
Izquierda Republicana
Izquierda Unida Federal
Jaén Laico-Andalucía laica
Libre Pensée (Francia)
Logia Mozart del Gran Oriente de Francia
Lliga per la Laïcitat, Catalunya
Madrid Laico-Europa Laica
Málaga Laica-Andalucía Laica
MHUEL-Aragón (Movimiento hacia un estado laico)
Movimiento Laico y Progresista
MUP-Republicanos
Observatorio de la laicidad
Partido comunista de España
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Partido Obrero Socialista Internacional. (POSI)
Plataforma Aranjuez Laica
Plataforma de Ciudadanos por la República
Red Laica por la Igualdad y la Diversidad
Redes Cristianas
Sevilla Laica-Andalucía Laica
TRANSEXUALIDAD-EUSKADI
Unidad Cívica por la Republica
Unión de ateos y librepensadores de España
Unión de Juventudes Comunistas de España
Unión Republicana Federalista-Madrid
USTEC·STEs – Catalunya